La Superintendencia de Salud confirmó que en agosto comenzará una auditoría forense a Nueva EPS, con el fin de analizar sus finanzas entre 2019 y 2025. La revisión será realizada por una firma internacional especializada, en medio de la actual intervención a la entidad.
En el marco de la intervención a Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que una firma internacional realizará una auditoría forense a partir del mes de agosto, con el objetivo de analizar la gestión financiera de la entidad entre los años 2019 y 2025. La decisión responde a la necesidad de establecer claridad sobre el flujo de recursos públicos administrados por la que hoy es la EPS con mayor número de afiliados en el país.
Durante una reunión nacional con directivos regionales de la EPS, el superintendente Giovanny Rubiano aseguró que la revisión tendrá un enfoque técnico y detallado, y estará orientada a rastrear cómo se han ejecutado los pagos, identificar posibles inconsistencias, y evaluar si hubo un direccionamiento indebido de los recursos hacia prestadores vinculados, en detrimento de hospitales públicos o independientes.
Rubiano también señaló que uno de los grandes retos del sistema es la debilidad en los sistemas de información, que hoy no permiten un control en tiempo real sobre la facturación y los pagos. Además, advirtió que la crisis estructural del sistema de salud no es reciente, sino consecuencia de fallas acumuladas por más de 15 años.
Aunque la EPS ya cuenta con certificación de sus estados financieros correspondientes a 2023, aún están pendientes del dictamen oficial de la Contraloría, que se prevé para finales de julio. La auditoría también servirá como insumo para replantear los esquemas de vigilancia y control, y podría derivar en ajustes al modelo operativo actual de la entidad.
Finalmente, el superintendente destacó la urgencia de fortalecer la atención primaria y de crear incentivos que permitan garantizar la presencia de médicos y especialistas en regiones apartadas, como una estrategia clave para mejorar el acceso, reducir costos y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
